La ley de Presupuesto establece las condiciones para el uso de las partidas asignadas a cada institución del Estado, obligar a su cumplimiento es tan fácil como ser serio, respetarse y cumplirla.
En Enero del 2004, el presidente Hipólito Mejía promulga y aplica la ley que crea el Sistema Integrado de Gestión Financiera –Sigef- para modernizar y eficientizar el sistema de la administración del Estado.
El Sistema Integrado de Gerencia Financiera –Sigef- es un sistema de gestión, administración y control de los recursos públicos. El SIGEF está compuesto por los subsistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, control interno y los subsistemas conexos de inversión pública, administración tributaria, compras y contrataciones, administración de bienes y administración de recursos humanos.
Ese gobierno prohibió la fiesta de vehículos privados comprados para usarlos sus propietarios y recibiendo una asignación mensual que duplicaba la cuota de compra del mismo.
Son sus objetivos:
1. Generar una mayor consistencia entre las decisiones sobre gastos, inversiones y las políticas macroeconómicas tomadas por el gobierno.
2. Mejorar la gestión en la captación, manejo y asignación de los recursos públicos.
3. Producir información oportuna y confiable para la toma de decisiones.
4. Gestionar los recursos Públicos en forma transparente.
5. Incrementar la eficacia del control interno y externo, así como permitir realizar una evaluación por resultados, aspecto que constituye un reto dentro del proceso de modernización del Estado.
La Contraloría General de la Nación es la responsable de la auditoria interna de las instituciones del Estado, y contempla la asignación de un representante del Contralor en funciones de Auditor Interno de manera permanente en cada institución estatal, y responsable de autorizar las operaciones financieras acorde con las normas oficiales emanadas por la Contraloría.
Este auditor se reporta al Contralor y sus funciones las realizará bajo su responsabilidad, no pudiendo recibir ni acatar órdenes de los funcionarios de la institución asignada.
Basta que la Contraloría General de la República regule el uso de las asignaciones a cada institución, centralizada, descentralizada, o poder independiente del Estado, para controlar el uso abusivo de los fondos del Estado.
Prohibir las asignaciones alegres por uso de vehículos propios, las asignaciones sin limites de combustibles, dietas, gastos de representación, contratación de personal, teléfonos portátiles, tarjetas de crédito, asignaciones de vehículos estatales, compras de vehículos, remodelaciones, alquileres de inmuebles, viajes al interior y al exterior, publicidad, y otras tantas formas de abuso de poder.
Con una honestidad política de parte del Poder Ejecutivo, un Contralor con vocación de servicio, y un Congreso consciente de que apañar delitos cometidos por sus compañeros de cualquier partido, es un daño a su propio partido.
El que no pueda vivir con el salario de un servidor público, que no incursione en política, y mucho menos que no vaya al gobierno para hacerse rico a expensas de los tributos del contribuyente.
La aplicación de estas normativas haría innecesaria la Cámara de Cuentas debido a que las auditorias que esta realiza no son de utilidad, unas por maquilladas, otras por la tardanza en presentar sus resultados.
Suprimiendo la Cámara de Cuentas eliminaríamos un significativo argumento para desacreditar la administración pública, y bastaría con la contratación de una de las tantas firmas privadas calificadas que practican en el país, para la conducción de auditorias cuatrimestrales a todas las instituciones del Estado, ¡A todas, dijo a todas!
Como somos tan imitadores, lástima que no podamos contratar algunos chinos o árabes para integrar los tribunales para juzgar ladrones del erario y narco-traficantes.
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