Ministerio de la Familia

La piramide social dominicana ha sufrido drasticos cambios en su composicion, ya que el nuevo modelo economico ha contribuido con la estrechez de la brecha que separa a la clase pobre de la clase media, con el agravante de que no es por mejoria del poder adquisitivo de los menos pobres, sino de la perdida de la capacidad de compra de la clase media, evidenciandose una tendencia a su desaparicion.

Los dadivas y soluciones sociales de los congresistas y síndicos que son electos mediante votaciones directas, a los votantes, las justificadas por esos politicos bajo el alegato del estado de crisis económica que abate a la mayoría de votantes, en el entendido de que los pobres no tienen una institución que les asista en casos que la obligatoriedad obliga demandar favores, lo que se ha convertido en un recurso no ético, habida cuenta de que el que no da, pierde el favor del voto local, a sabiendas de que aparecerá otro que no vacilará en comprar la conciencia del que tan sólo tiene problemas.

Las tres funciones que la Constitución le establece a los congresistas, no es ejercida bajo los auténticos fundamentos de la democracia representativa, porque todos sabemos, que la sociedad da como un hecho, que las aprobaciones o rechazos de proyectos de leyes son objetos de motivación económica, que el voto, también es comprado, no obstante las excepciones que por demás, es lo que hace la regla.

De igual manera, la responsabilidad de fiscalizar y controlar los demás poderes del Estado también es letra muerta, porque además de que los enunciados de ese derecho no provee los instrumentales para su eficacia, la falta de honorabilidad que permea la sociedad hace de los legisladores subordinados del poder económico que distribuye a su discreción, el Poder Ejecutivo, desde luego, salvo honrosas excepciones.

Lo que si es de consenso general que las distorsiones de las funciones de legisladores y alcaldes se debe a la orfandad en materia de soluciones a los problemas sociales que abate a la mayoría de los dominicanos. Una población pobre, de la que el 80% recibe ingresos por debajo del costo de la canasta alimentaria, su principal punto débil lo constituye la falta de dinero para sobre vivir. A esta realidad se adiciona la franja de técnicos y profesionales que no obstante su dedicación a prepararse en lo académico, técnico y manual sus ingresos no les permite vivir de acuerdo a lo que debiera ser su calidad de vida.

Cabe destacar lo lastimero que se hace ver cómo nuestra sociedad se ha envilecido, cómo se han perdido los valores éticos y con ello la honorabilidad. Contemplar profesionales de la comunicación, del derecho, líderes comunitarios, y otros tantos, adherirse a prevaricadores, a falsos servidores públicos, a violadores de las leyes, llegando al extremo de cubrir con lisonjas conocidos malversadores de fondos públicos, en procura de agenciarse pingües beneficios, que de otra forma no podrían amasar.

También es de consenso que es responsabilidad del Estado la crisis de la protección social que sufre nuestra sociedad, que es como respuesta a la incapacidad de los gobiernos de ejecutar una política institucional de protección a las familias excluidas del bienestar social que muchos alegan y otros disfrutan alegremente.
Por lo que debe ser responsabilidad de los legisladores proveer de un marco legal complementario la solidaridad del Estado con los mas necesitados, el que sustente la creación de una institución única que ejecute todos los programas de asistencia social para todos los dominicanos necesitados, y que elimine los programas individuales de obras sociales existentes en todas las instituciones oficiales.

Se ha comprobado que la ejecución de estos programas de asistencia social esconde el uso indebido del erario para la autopromoción política de los titulares de la administración del Estado; para prevaricar; y lo que es peor, para burlar a los contribuyentes ante actos de exclusión en momentos de repartos, e inclusive, la contratación de familiares directos sin concursos, ni calificación de acuerdo a las leyes vigentes.
Es por ello que proponemos la creación de un Ministerio de la Familia, que contenga los programas de la Mujer, de la Juventud, Envejecientes Niñez.

Se contempla la eliminación de todos los capítulos de Asistencia Social de las instituciones del Estado; la desconcentración a nivel provincial de la ejecución de la planificación de los programas sociales, con la participación de los congresistas y la veeduría social de la comunidad organizada; y la concentración de fondos previstos por la ley para labores de asistencia social.

La eficacia de esta institución haría innecesaria las labores proselitistas disfrazadas en asistencia social, abarataría el precio de ser legislador o alcalde; mejoraría la calidad de vida de los que menos pueden; y lo más importante, haría innecesaria la vulgaridad de las asignaciones de fondos para los legisladores.

Otro beneficio no menos importante, prohibiría las donaciones alegres, y dadivas simpáticas con los recursos de las instituciones, los cuales son generados por los contribuyentes, pero que en la actualidad esos dineros son utilizados para vender graciosamente a politiqueros de oportunidad.

Como lo igual no es ventaja, estas medidas deben ser altamente beneficiosas para el país, indistintamente el partido que esté gobernando.

Debe ser vergonzante defender acciones delincuenciales, y sin embargo, vemos como ejemplares que se venden como iconos ejemplares defienden la violación a la Constitución, a los principios éticos y a la enseñanzas de honorabilidad de nuestra cultura.

Propugnar hasta llegar a imponer funestos personajes por sus conocidas acciones violatorias a las leyes y a la moralidad, no se puede justificar con la embriaguez de la vida sibarita no acostumbrada, tampoco con la obnubilación del poder.

Un vistazo al derredor y veremos uniformes a rayas, y portones de barras cerrarse, enclaustrando a ex gobernantes y ex-funcionarios, lo nunca imaginado.