Reformas Legislativas

Apenas tenemos cincuenta años de habernos libertado mentalmente de una dictadura férrea y cruenta, al extremo de haber pasado treinta años aislados del mundo exterior, pasando de los tiempos de la “manigua” a un asentamiento humano dotado de toda la parafernalia de un país de verdad, aunque administrado como una propiedad privada de un Encomendado. Pasando inmediatamente a vivir bajo gobiernos defactos y antagónicos, incluyendo el derrocamiento del único gobierno constitucional post dictadura, hasta la imposición de un período de doce años, calificado por muchos como “neotrujillista”. Otros lo estiman como una “dictadura ilustrada”. Indistintamente su calificación, fueron doce años de miedo, asesinatos, atropellos, violación a las leyes y los derechos humanos, endulzados con una “Cruzada del Amor”, con construcciones de multifamiliares, amplias avenidas, esbozos de ejecución de políticas de crecimiento económico, y otras tonalidades en un firmamento en donde no todo es negro o blanco.

El primer Poder del Estado está llamado a ser la estructura central del sistema político que sustenta la democracia representativa en nuestro país. El artículo 91 le atribuye al Congreso de la República la facultad de “legislar y fiscalizar en representación del pueblo”, lo que sin lugar a dudas, la percepción en la sociedad dominicana es que esas atribuciones no son cumplidas por los señores legisladores.

Ni las legislativas, porque con pruebas o sin ellas, se percibe que solamente las leyes que dejan beneficios particulares demandan la atención de esa colectividad, al extremo de que se admite la existencia de la figura del “hombre del maletín”, y cuando no, “la invitación al cuarto frío de Palacio”, recursos estos infalibles para “convencer” oposiciones y obtener la sanción de iniciativas de interés particular.

Tampoco se cumple con la función de fiscalizar, porque además de que las leyes no le proveen a los congresistas instrumentos para la fiscalización siendo la figura de la interpelación el único medio que apenas sirve para cuestionar a funcionarios dando lugar a brindarle un espacio para la burla y el sarcasmo dada la complicidad correligionaria existente entre legisladores y funcionarios, y por demás, las instituciones calificadas para estas labores son narigoneadas por el Ejecutivo dado el control de la erogación o asignación de los fondos del Estado, o por la dicotomía de que los llamados a fiscalizar al gobierno, son nombrados por éste.

Sin embargo, debemos aceptar que nuestra sociedad ha ido avanzando, por lo que debemos estar prestos a tomar iniciativas que permita cumplir con los mandatos constitucionales, como por ejemplo, la reducción de las Circunscripciones Electorales para acercar votantes y representantes, de suerte que sea factible la valoración del trabajo legislativo de parte del votante y que éste, a la hora de votar, reconozca o castigue la labor de representación de los candidatos.
Desde luego, esto será efectivo cuando la valoración del legislador sea en función de su desempeño, no de las dadivas y compra de voluntades gracias a las precariedades de la población votante. Por lo que se precisa la eliminación de asignaciones a legisladores para Obras Sociales en sus comunidades. Eliminar el otorgamiento del tristemente celebre “Barrilito”, y las subvenciones mensuales a diputados para los mismos fines.

La asignación de esos recursos a legisladores es violatorio a la Constitución en varios de sus artículos, porque no está previsto en sus atribuciones realizar obras sociales, porque la Constitución prohíbe legislar en provecho propio, el discrimen y el favoritismo.

También es un acto de inequidad, porque privilegia con fondos de todos a los legisladores que los utilizan para promocionar su persona, en desventaja de sus propios correligionarios aspirantes a legisladores, y mucho mas perjudicial se torna para los aspirantes de partidos de la oposición.

La disponibilidad de fondos para distorsionar voluntades políticas, atenta contra la democracia, porque el sólo hecho de votar no es expresión de la democracia, el voto debe expresar la libre voluntad del votante, y cuando este voto está comprometido ante el peligro de la pérdida de beneficios pecuniarios, este se convierte en un voto prostituido, y eso no es democracia,

Porque el hecho de votar obligado por garantizarse favores para comer o mal vivir denigra al ser humano, es humillante, y esto es lo que todos los legisladores que reciben esos fondos están haciendo, desvalorizando la razón de ser de los más pobres, unos de educación, y otros de ética.

El peor daño que se le está haciendo a esta sociedad es que la ha vandalizado, ha perdido los valores de la honorabilidad, de la honradez, la reciedad del valor del cumplimiento de la palabra empeñada, hemos aprendido a delinquir ocultándonos tras la mentira. Los valores humanos de la educación de los viejos es objeto de burla, da lo mismo pedir, que chantajear bajo la excusa de crear mecanismo de progreso con tecnología de punta.

Los que viven en el pasado se sienten miserables al saberse gobernados por una pandilla que delinque y que miente. Que las leyes serán aprobadas por legisladores que han comprado con el dinero del Estado las curules que ocupan. Alcaldes que no pueden ser llamados “Honorables” por la estela de violaciones a las leyes del país. Una economía sustentada en millones de dólares de origen desconocido, pero limpios de toda mugre. Hombres jóvenes portando un sino en la frente después de cometer tropelías, de comprar senadurías, sin darse cuenta que su futuro pende de un mallete.

Otra medida que debe ser considerada en lo inmediato es enmendar la ley que otorga exoneraciones abiertas a los legisladores, ya que éstas no son aprovechadas por los beneficiarios, sino que en violación a la ley, son vendidas a terceros convirtiendo así a nuestros representantes en delincuentes conscientes, en franco desafío a los tribunales de la República.

Esta acción perjudica al fisco en miles de millones de pesos durante los cuatro años de duración de la representatividad congresual.

Con la eliminación de los fondos para comprar favores políticos, con la reducción de las circunscripciones electorales, y la aprobación de una Escala Salarial que establezca ingresos justos para los legisladores, de suerte que puedan sufragar sus gastos de transporte y oficina política, el costo de campaña promocional para la contienda política se reducirá significativamente, con beneficios colaterales significativos como evitar que por el sólo hecho de tener dinero, cualquier aspirante pueda imponerse en una demarcación; abre la oportunidad a que jóvenes lideres comunitarios de escasos recursos puedan representar a sus comunidades; la transparencia reducirá la vorágine por alcanzar una regiduría, una diputación, o una senaduría, a sabiendas de que dejaron de ser fuente prostituidas de enriquecimiento, parasitismo, y ventajismo.

Y como colofón, procede la propuesta de crear una institución que forje los futuros legisladores y que mantenga actualizados los que estén en ejercicio. Por lo que se propone la creación del Instituto de formación Legislativa, -IFL- como un nivel de capacitación de líderes comunitarios con vocación de servicio a la comunidad como parte de su perfil previo a su postulación, en combinación con los partidos políticos, en cumplimiento con la ley de asignación de fondos del Estado que establece que un por ciento de esas asignaciones deben dedicarse a la formación de lideres políticos de miembros o dirigentes de los partidos beneficiarios.

Estas disposiciones podrían considerarse para ser incluidas en la propuesta de Ley de Partidos Políticos en estudio, pero para ello, se precisa la sinceridad de la voluntad politica y cumplimiento con la palabra comprometida por la dirección política del país.

Es de todos conocido que la mayoría de los legisladores del país acusan una pobre participación en la formulación y revisión de las leyes del país, y peor aun en materia de fiscalización, ya que la experticia financiera, económica y administrativa es muy escasa.